El peligro de las patentes en el mundo de la biología

No es mi intención abarcar en un post un asunto así de complejo. Pero las patentes son un tema tan crucial para el desarrollo humano que quiero al menos mencionar algunos de los puntos que encuentro más importantes al respecto. Me guío para ello en el trabajo realizado por el Consejo para una Genética Responsable (CRG), una organización sin fines de lucro formada por científicos, voceros de la salud pública, doctores, abogados, ambientalistas y otros ciudadanos conscientes

Las patentes se desarrollaron para asegurar que los inventores pudieran compartir o participar en las ganancias monetarias y en los beneficios derivados del uso de sus invenciones. Y lo cierto es que en una economía de mercado y de libre competencia, las patentes son quizás la única forma de garantizar que los investigadores recuperen la inversión y se promueva de esta forma el progreso científico- técnico. Ya que es posible que sin patentes posiblemente no hubiera innovación ni medicamentos nuevos ni para ricos ni para pobres. Pero el hecho es que, en manos de las corporaciones modernas este principio ha dado lugar a un sistema que – de continuar funcionando como lo hace – podría frenar en lugar de promover el desarrollo.  En el mundo de hoy tal como están dadas las cosas con las patentes,  estas regulaciones ejercen el control, limitan el acceso, y dificultan el uso de las tecnologías, el conocimiento, medicinas, semillas, biodiversidad, investigaciones científicas y muchas cosas más. No es que las patentes en sí mismas sean perjudiciales sino el sistema que éstas generan, que tiene serias repercusiones en la vida de las personas.

En primer lugar, las patentes permiten a las compañías crear monopolios sobre productos, permitiendo los precios artificialmente altos. Como resultado, productos como drogas o medicinas son vendidos a precios fuera del alcance de muchos de los que las necesitan. Un ejemplo de esto sucedió en Mayo de este año en Brasil. El presidente brasileño, Luiz Lula Da Silva, anunció que Brasil desconocerá los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos para tratar el Sida, porque «no es posible que alguien se haga rico con la desgracia de otros». Tomó esta decisión justamente después de que el laboratorio Merck le ofreciera su medicamento Efavirenz más de 100% más caro de lo que se lo ofrece a Tailandia. Brasil quería que el remedio que compra por 1,59 dólares el comprimido tuviera el mismo precio ofrecido a Tailandia, 0,65. Ante la negativa de la empresa, Brasil importará ahora a 0,45 centavos de dólar el medicamento genérico de tres laboratorios de India, ya certificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ahorrará 30 millones de dólares, de los 42,9 millones que gastaba anualmente en el Efavirenz.

Como dije anteriormente, esta situación no deriva directamente de la normativa sobre patentes sino del comportamiento general del sistema que ésta genera. Porque si bien el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) permite que un país en determinadas circunstancias (como una crisis sanitaria) se salte una patente, esto no ha ocurrido nunca. Puede achacarse la culpa a las presiones de los laboratorios, a la corrupción de los gobiernos, a cuestiones políticas o a lo que fuera, pero lo cierto es que esto poco importa desde la perspectiva de quien sufre una enfermedad. Lo importante es tener acceso a los medicamentos, y esto para mucha gente esto no es posible bajo el sistema actual de patentes.

En segundo lugar, las patentes profundizan la dependencia de las sociedades agrícolas y amenazan la soberanía alimenticia de los grupos más vulnerables. Yo estoy a favor de los transgénicos como solución al hambre que sufre una gran parte de la población del mundo, pero no estoy de acuerdo con que estas semillas estén patentadas porque esto coarta la libertad de los agricultores para conservar, producir e intercambiar sus propias semillas y – al hacerlo – pone en juego el control de la producción de alimentos.

Monsanto, por ejemplo, señala en los contratos que acompañan las semillas de soja que el agricultor: (1) debe usar la semilla de soja que contiene el gen Roundup Ready para una sola cosecha; (2) no puede guardar cualquiera de las semillas producidas provenientes de las semillas compradas con el propósito de usarlas como simiente o venderla a otra persona para ese mismo uso; y (3) tiene la obligación de utilizar como herbicida, únicamente el glifosato de la marca de Roundup o cualquier otro autorizado por Monsanto. Esto ha dado lugar a casos como el del agricultor canadiense Percy Schmeiser, quien perdió un costoso y largo pleito contra esta compañía debido a que en algunas de sus parcelas habían brotado plantas de colza transgénica patentada por la esta compañía. Según Schmeiser, él no sabía que tenía semillas transgénicas en sus campos y supone que son resultado de semillas han sido transportadas a sus campos por el viento o han caído de los camiones de los agricultores vecinos. Sin embargo el juez aseguró que no importa como brotaron las plantas en los campos del agricultor sino que lo único válido legalmente es que la semilla transgénica es propiedad de Monsanto.

Este tipo de políticas da también lugar a casos como el de Nestlé, a quien Greenpeace México acusó de solicitar una patente de café genéticamente modificado. Si bien la compañía desmintió este suceso, lo que ocurriría en caso de esto sucediera es que se perjudicaría enormemente a la gran mayoría de los campesinos productores de café. En México, los estados cafetaleros por excelencia son Chiapas, Veracruz y Oaxaca (los más pobres del país); y del total de café cosechado cada año, el 66,2% viene de sembradíos familiares de menos de 10 hectáreas (9 de cada 10 productores tiene menos de 5 hectáreas). En este sentido una patente para café transgénico aplicable en México haría estragos porque la gran mayoría de los campesinos dependen íntegramente de la posibilidad de producir, guardar e intercambiar sus semillas.

Sucede entonces lo mismo que en el caso anterior: si bien las patentes no son malas en sí mismas, generan un sistema que para muchos puede resultar injusto. En el caso de los cultivos, particularmente, lo que ocurre además es que si bien muchos países en vías de desarrollo no conceden patentes sobre plantas o animales, dependen para la comercialización de sus productos de los estándares definidos y utilizados por las Oficinas de Patentes de Estados Unidos, Europa o Japón, que son las que mayor influencia ejercen sobre regulaciones internacionales (el acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI). Las oficinas de patentes, los países y los productores del mundo entero están entonces obligados a adaptar sus regulaciones y sus prácticas, ya sea a través de las regulaciones internacionales o mediante los acuerdos bilaterales.

En tercer lugar, las patentes permiten la biopiratería. Es decir, el patentamiento de microorganismos, las plantas, los animales y hasta los genes de las poblaciones indígenas para la producción de productos farmacéuticos y de otros tipos. Uno de los casos de biopitatería que más repercusiones ha tenido es el de la patente sobre el Enola o «Mayocaba», una variedad campesina de fríjol amarillo típica que fue cultivada durante siglos en México. En 1994, Larry Proctor, presidente de una compañía semillera con sede en Colorado (Estados Unidos) compró una bolsa de frijoles en México, los plantó en Colorado, tomó semillas de allí y la volvió a plantar durante algunos años. Obtuvo luego la patente sobre esta variedad y un certificado de derechos de obtentor. Esto le permitió acusar a los agricultores mexicanos de infringir su monopolio y cancelar la exportación mexicana al mercado americano. En 2005, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) había rechazado ya cuatro veces las demandas efectuadas en contra de Proctor y – más allá de la resolución final – el hecho es que miles de agricultores (en México y Estados Unidos) sufrieron daños y nunca serán compensados por sus pérdidas.

Lamentablemente, este es sólo uno de los tantos casos de biopiratería que existen y que demuestran que si bien las leyes de patentes se inventaron como un mecanismo para proteger de los abusos a los científicos e inventores, se ha vuelto en algunos casos una herramienta que facilita disposiciones moralmente inaceptables que perjudican a cientos, miles e incluso millones de personas. Es inmoral requerir que las naciones en desarrollo paguen regalías a los países ricos industrializados por los productos derivados de sus propios recursos naturales y que ellos se encuentran inhabilitados de usar por el sistema de patentes impuesto.

Por último, también creo que las patentes sobre los organismos vivos son moralmente objetables porque considero que la vida no es un producto comercial. El caso más conocido en este sentido, de uso de un cuerpo como propiedad, es el de John Moore, un paciente al que le extrajeron el bazo en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 1976. Su médico patentó ciertos compuestos químicos presentes en la sangre de Moore sin que éste lo supiera y sin su permiso patentó y vendió los derechos a una compañía farmacéutica suiza para producir fármacos basados en la cepa celular “Mo” (cuyo valor comercial a largo plazo se estimó en más de mil millones de dólares). El Sr. Moore demandó por el regreso y el control de sus células, pero la Corte Suprema de California decidió que él no tenía ningún derecho sobre sus propias células luego de que éstas fueron removidas de su cuerpo. El argumento de los abogados defensores fue que los «productos de la naturaleza» son patentables una vez que ellos han sido aislados para producir una forma que no existe fuera del laboratorio. ¿Cómo puede algo así suceder? ¿Cómo puede alguien tomar algo de tu cuerpo sin autorización y patentarlo de forma completamente legal?

Casos similares son los derivados del Proyecto Genoma, que no terminará hasta que se haya completado el retrato global del ADN humano. Lo que está en juego en este proyecto es la posibilidad de que exista una llave hacia los secretos de la salud, pero también un filón de oro: las empresas que dominen dicho conocimiento tienen garantizada una increíble rentabilidad futura, una vez se aplique dicha información a la medicina genética. Cada vez que se haga una intervención quirúrgica o se efectúe un diagnóstico que requieran el uso de conocimiento genético habrá que pagar derechos a los propietarios. Los críticos señalan entonces que en lugar de responder a una genuina ambición científica que por mejorar el desarrollo humano, el proyecto se ha convertido en un “monopoly” del cuerpo humano en el que los científicos y las empresas compiten por el premio final. Y que esto no sólo contraviene el concepto clásico de que el monopolio y la concentración de capital en medicina son intrínsecamente inmorales, sino que también está conduciendo a algo que hasta hace pocos años era impensable: la concesión de derechos monopólicos de «inventor» (patentes) sobre el material genético de los seres vivos.

Lamentablemente, Europa dejó atrás el principio que negaba la posibilidad de patentar la propiedad de descubrimientos y seres vivos o sus partes, y de los llamados “inventos inmorales”. Pero todavía existen otras miradas sobre el tema; como las leyes de Brasil, India y Argentina, que prohíben derechos de patente sobre productos farmacéuticos con el argumento de que las drogas son de tal importancia que nadie debe tener el derecho a monopolizarlas. Y también hay científicos como el investigador colombiano Manuel Patarroyo, quien otorgó a la OMS los derechos exclusivos exentos de regalías sobre una vacuna contra la malaria desarrollada por él. Celebro estas miradas y la grandeza de acciones como la de Patarroyo, al mismo tiempo que me opongo al sistema de patentes. Creo que si bien su intención inicial es buena, ha dado lugar a grandes injusticias. Por lo que tenemos que encontrar un sistema mejor, en el que sean posibles tanto la innovación tecnológica y científica como la justicia social en términos del acceso a medicamentos, alimentos y conocimiento.

Manifestación frente a la sede de Novartis en Barcelona contra la patente del Glivec (medicamento para el cáncer, de NOVARTIS) (Fuente: El País)

Con la colaboración de Maria Frick