Creo que ya es hora de que toda la gente que se considera progresista se de cuenta que, simplemente, no es progresista apoyar a Hugo Chávez. No solo porque Chávez ha transformado a la democracia en un nefasto sistema de sostén a su neodictadura –negando los derechos de las minorías políticas–, sino porque además se rie de las necesidades de su pueblo.

Venezuela es un país extremadamente pobre. En el ranking de los países más ricos del mundo es el número 49. En términos de PIB per cápita, el de los venezolanos es de $6000 dólares, mientras que el de la aún bastante pobre Argentina es de $14.000. Sin embargo, Hugo Chavez, como buen militar que es, no tiene nada mejor que hacer que despilfarrar el poco dinero que tiene Venezuela en armamentos.

En los últimos dos años ha gastado $4000 millones de dólares en los juguetes preferidos de los militares latinoamericanos, las armas, empezando una gran carrera armamentista y desestablizando la región. Venezuela gasta más en armamentos que los países metidos en conflictos enormes como Pakistán o el mismo Irán. Y aunque Venezuela está gastando ultimamente mucho más que otros países en armamentos, el problema del gasto militar sigue siendo grave en casi todo latinoamérica.

En la mayoría de los países latinoamericanos el riesgo a la seguridad no viene de los extranjeros, viene de los compatriotas. ¿Qué probabilidad tiene un brasilero de morir víctima de una invasión argentina? Cero, diría yo. Pero, en cambio, a mi mismo me tocó presenciar un asesinato en Copacabana durante una de mis visitas a Brasil. En Rio los asesinatos son tan comunes que ya no son noticia. Y volviendo a Venezuela, es interesante esta noticia que muestra a Venezuela como líder en homicidios en la región y cuenta que en solo la última semana del 2005 hubo 170 asesinatos. Si, Venezuela en particular y latinoamérica en general, tienen un serio problema de seguridad, pero este problema no es el de morir en manos de extranjeros, sino en manos de peligrosos compatriotas.

Si de gastar en seguridad se trata los, gobiernos latinoamericanos tendrían que gastar más en seguridad interna, un gasto que tiene que combinar la creación de empleo con el aumento de la eficacia de la policía y el sistema judicial.

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